Demandan estados a Trump por condicionarles fondos de emergencia, a colaborar con ICE

El presidente convicto estadounidense Donald Trump fue demandado por un grupo importante de 24 estados y el Distrito de Columbia en la Unión Americana, acusando a su gobierno de condicionar fondos federales destinados para la preparación, respuesta y recuperación de desastres y emergencias, si no aceptan políticas como las migratorios y colaboran con el ICE, la Gestapo del siglo XXI.

La denuncia fue alojada en un tribunal federal de Rhode Island, y señala que las últimas condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a los miles de millones de dólares en subvenciones, aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, son ilegales e inconstitucionales.

Trump ha exigido a los estados cumplir con mandatos federales como de control migratorio y colaboración con las agencias federales, la aceptación de nuevos requisitos de administración electoral y la posibilidad de que se cancelen los fondos basándose en otros criterios, para recibir los recursos

Los estados demandantes son New Jersey, Rhode Island, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Virginia, Washington, y Wisconsin, Kentucky, Pennsylvania, Illinois y California.

Esta no es la primera vez que Trump intentado bloquear los fondos destinados para las emergencias, y según el fiscal de California, Rob Bonta, en conferencia de prensa, ya habían impugnado y bloqueado otros 2 intentos relacionados con estos programas de subvenciones.

Expuso que “la Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”,

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, arremetió contra Trump, advirtiendo que el mandatario estadounidense no puede coaccionarlos para cambiar sus propias leyes electorales.