Dan plazo en Europa a empresa china de comercio online para aclarar medidas contra productos ilegales

La Comisión Europea anunció hoy que ha solicitado al mercado en línea chino Temu más información sobre las medidas que ha tomado contra comerciantes que venden productos ilegales en su plataforma, a propósito de la normativa sobre plataformas en línea de la Unión Europea.

Asimismo, esta empresa asiática debe facilitar datos e información adicionales sobre las medidas asumidas para reducir el riesgo de propagación de productos ilegales, así como riesgos relacionados con la protección de consumidores, salud pública y bienestar de los usuarios.

Temu fue creada por PDD Holdings en 2022, y además, deberá de entregar información sobre los sistemas de recomendación y el riesgo para la protección de los datos personales de los usuarios.

La Comisión había designado el pasado mes de mayo a Temu como plataforma en línea muy grande en razón de la Ley de Servicios Digitales, pues supera el umbral de 45 millones de usuarios medios mensuales en la Unión Europea, y tenía plazo hasta finales de septiembre para cumplir las normas de dicha regulación, incluida la mitigación de riesgos de sus servicios y prevención de la venta de productos falsificados.

Temu tiene hasta el 21 de octubre para responder a las preguntas de la Comisión, y se trata del segundo paquete de preguntas enviadas a la plataforma: la Comisión preguntó a la empresa en junio por las medidas tomadas para cumplir las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales relacionadas con el "mecanismo de notificación y acción" para notificar, entre otros, los productos ilegales y los patrones oscuros, así como la protección de los menores.

La red de Organizaciones Europeas de Consumidores había presentado a mediados de este año ante reguladores nacionales y la Comisión denuncias contra Temu por no proteger a los consumidores y utilizar prácticas manipuladoras.

Esta agrupación con presencia en al menos 17 Estados miembros de la Unión Europea, dijo que Temu incumple la normativa comunitaria sobre plataformas en línea, al no facilitar a los consumidores información crucial sobre los vendedores, lo que hace imposible verificar si los productos cumplen los requisitos de seguridad de la UE.