Para la organización "Mexicanos Primero", con la publicación de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica, el Presidente de la República viola el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes.
Según esta agrupación, al pretender eliminar, sin mayor explicación, al Sistema para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); concentrar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, vulnera el derecho a la educación, al no garantizar de manera efectiva la generación de datos, indicadores, evaluación de política pública educativa y el acceso la información.
Detalla que MEJOREDU es responsable de las evaluaciones diagnósticas, indicadores e información educativa y lineamientos de desempeño magisterial, entre otras. La propuesta del Ejecutivo Federal es que la Secretaría de Educación Pública, absorba dichas funciones sin un plan congruente con la importancia de las tareas.
A juicio de Mexicanos Primero, no hay una justificación de ahorro o inefectividad en la exposición de motivos por lo que se puede presumir como una decisión caprichosa.
Por otro lado, el CONEVAL representa a la instancia máxima de evaluación de la política social del Estado mexicano. El INEGI por su parte, es el responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos son considerados oficiales.
Fusionar dichos órganos representa un riesgo para la evaluación de la política social porque la propuesta de modificación al artículo 26, apartado C, de manera genérica otorga facultades al INEGI que le correspondían al CONEVAL pero, sobre todo, que no se prevé que los recursos con los que contaba el CONEVAL sean transferidos al INEGI.
Finalmente, la desaparición del INAI representaría para Mexicanos Primero, un golpe letal, no sólo al derecho a la educación. El derecho al acceso a la información es de por sí una batalla cuesta arriba, sobre cuando las autoridades se niegan a dar la información o declaran que no existe.
Finaliza la postura de esta ONG asegurando que, sin información y datos pertinentes, el estado del Sistema Educativo Nacional no puede conocerse y, por ende, no puede mejorarse.
Añade que se concretarse las reformas constitucionales que propone la Presidencia de la República, el estado crítico de la educación en nuestro país sería profundizado, por lo que pide a las y los legisladores que el derecho a la educación no pase desapercibido en el análisis y posible aprobación de estas reformas, porque aprender, importa.
