Cuestiona grupo de Expertos acciones de la Fiscalía en caso Ayotzinapa

Las recientes interferencias y obstáculos que opone la Fiscalía General de la República, podrían provocar retrasos en la investigación para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, en el que 43 jóvenes normalistas fueron plagiados y desaparecidos. Esto señalaron en conferencia de medios los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz, Angela Buitrago y Francisco Cox. Presentaron su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa y revelaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas les pidieron prorrogar su mandato de coadyuvancia en la investigación, que concluye este 30 de septiembre, al menos un mes más. El GIEI se dedicará en estos días a los peritajes de las transcripciones que entregó la Secretaría de Defensa De acuerdo con el Grupo de Expertos Independientes, lo ocurrido en los últimos días con la investigación puede afectar las averiguaciones que involucran al ex procurador Jesús Murillo Karam, funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto quien “a pesar de las múltiples evidencias aportadas” en torno a su participación en la construcción de la llamada "verdad histórica” y en los casos de tortura contra detenidos y “se corre el riesgo de que no se dicte una condena”. En este sentido, el GIEI cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la República de desistirse en 21 órdenes de aprehensión en contra mandos militares, pues la investigación tiene pruebas que fundamentan la detención de ese personal castrense. Los expertos estiman que por razones ajenas al caso, se está tomando la decisión de no investigar a esos militares, por lo que solicitaron una reunión con el fiscal Alejandro Gertz, con quien sólo se han reunido una vez. Asimismo, el Grupo lamentó la salida de Omar Gómez Trejo como responsable, de la Unidad Especial, ya que lo que sucedió con él, evidencia que al interior del aparato de justicia mexicano se toman decisiones que entorpecen el avance de las investigaciones. Insistieron en que autoridades federales mintieron en las primeras investigaciones y reiteraron su desacuerdo con la "verdad histórica", que sólo señala la complicidad de autoridades locales y no federales, pese a las pruebas recogidas. Francisco Cox dijo en la conferencia organizada por el Centro Pro, que el caso Ayotzinapa muestra el funcionamiento de la macro criminalidad en México y el poder de cooptación de los distintos niveles de la autoridad, no como se quiso presentar inicialmente en la verdad histórica que sólo había alcanzado autoridades locales".

El Grupo de Expertos recomienda aplicar un mecanismo de seguimiento del caso que genere confianza y apoyo al proceso de los familiares. Un mecanismo periódico de evaluación y monitoreo, en el ámbito de la investigación y acompañamiento a los familiares.

Ttambién sugiere la consolidación de la verdad revelada, el acompañamiento al proceso judicial, el apoyo en salud y los procesos de duelo de enfrentar la pérdida en el ámbito personal y familiar, subrayando que el seguimiento y asistencia que pueda hacerse, depende de los cambios que se den en las tendencias negativas que han sido señaladas, y que cuestionan el propio valor de la asistencia técnica y coadyuvancia. El Grupo llama a fortalecer la Unidad que encabezo Gómez Trejo y se revierta el proceso de deterioro, cuestionamiento y falta de apoyo institucional al interior de la Fiscalía, al tiempo que expone que el nombramiento de nuevos responsables debe ser acordado con familiares y representantes, y que se debe dejar que la Unidad trabaje con la confianza, profesionalidad e independencia Mas aún, señala que la Comisión de la Verdad ha tenido un triple papel, actuando como lugar de encuentro con familiares y representantes con gestiones para acceso a información; investigando partes del caso y ofreciendo nuevos indicios o pruebas a la investigación judicial; y dando información y coordinación de los procesos de búsqueda. Para su continuidad, se necesita una evaluación de los problemas que se han dado, su escasa convocatoria y papel en la actualidad en un contexto de eventual salida del GIEI, y de las implicaciones de las conclusiones del informe presentado. Agregan que de ello depende no solo el cumplimiento de un compromiso político del presidente y la propia Comisión, sino la solvencia de los procesos de judicialización y el impacto, asimilación y credibilidad de las acciones y el apoyo que los familiares requieren para el cumplimiento de sus derechos.