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Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar culpable de genocidio contra rohinyás

Información 25
hace 4 horas
3 min de lectura

Al término de una sesión de 3 horas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, su presidente Yuji Iwasawa, de Japón, declaró que Myanmar no había logrado prevenir ni castigar el genocidio, tras detallar cómo el ejército de Myanmar había perpetrado “violencia extrema” contra las comunidades rohinyá, en su mayoría musulmanas, en el estado de Rakáin.


El Secretario General de la ONU, António Guterres, recibió con satisfacción la sentencia, como “poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio, y precisó que "es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”.


El responsable de la ONU subrayó que poner fin a la impunidad en Myanmar y garantizar la rendición de cuentas siguen siendo esenciales para la reconciliación nacional, y añadió que la sentencia “se estudiará detenidamente en el seno de las Naciones Unidas. El derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio, debe ser respetado por todos”.


La sentencia establece que las fuerzas de seguridad de Myanmar “y otros órganos del Estado” cometieron intencionadamente actos específicamente prohibidos contemplados en el artículo II de la Convención sobre el Genocidio.


Se trata del artículo II, l a) asesinar a miembros de un grupo, del artículo II, letra b)causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo y del artículo II, letra d)imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo.


La sentencia de la Corte se dictó tras examinar pruebas gráficas y testimonios aportados por supervivientes, así como informes de investigadores internacionales que describían cómo se habían incendiado y arrasado con excavadoras aldeas y puentes rohinyá, y cómo se había ejecutado a hombres y niños y violado a niñas y mujeres durante las operaciones militares de limpieza llevadas a cabo en el norte de Rakáin en 2017.


Las operaciones militares de limpieza también incluyeron el asesinato de bebés, lo que “respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con la intención de impedir los nacimientos entre el grupo”, prosiguió Iwasawa.


Al dar a conocer el fallo del tribunal, el presidente de la CIJ describió cómo los rohinyá, en su mayoría musulmanes, que vivían en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, habían sido objeto de operaciones de limpieza por parte del ejército estatal, tras décadas de violencia intercomunitaria.


Las operaciones de limpieza de 2017 provocaron una condena internacional generalizada después de que unos 700 mil rohinyá huyeran del norte del estado de Rakáin cruzando la frontera hacia Bangladés”.


Según el tribunal, se estima que unos 10 mil rohinyá fueron asesinados durante las operaciones de limpieza, citando pruebas que lo respaldan.


El caso ante la CIJ fue iniciado por Gambia en noviembre de 2019; se ha convertido en uno de los procedimientos más seguidos ante el más alto tribunal de la ONU.


El tribunal tuvo conocimiento de que cerca de 400 aldeas, casi el 40% de las casi mil aldeas de los 3 municipios del norte del estado de Rakhine, fueron destruidas parcial o totalmente durante y después de las operaciones de limpieza de 2017.


El juez Iwasawa sostuvo que "a la destrucción le siguieron a menudo trabajos con excavadoras y despejes del terreno a gran escala… A su vez, se llevó a cabo una rápida construcción en los terrenos despejados, incluyendo instalaciones de seguridad, nuevas aldeas y viviendas, y otras infraestructuras civiles".


Como consecuencia de estas violaciones de la Convención sobre el Genocidio, el Tribunal ordenó a Myanmar: que pusiera fin a cualquier violación en curso mediante la promulgación de legislación que diera pleno efecto a sus obligaciones en virtud de la Convención; que adoptara medidas inmediatas y efectivas para investigar a todas las personas de las que existieran sospechas razonables de haber cometido actos contrarios a la Convención y, si procediera, que las procesara y castigara.


También ordena que Myanmar ofrezca garantías de no repetición y evitara que se produjeran violaciones similares en el futuro; adoptar medidas de restitución en beneficio de los rohinyá, incluido el permiso para el retorno seguro, voluntario y digno a su lugar de residencia y la reunificación familiar de los rohinyá que fueron desplazados como consecuencia de los actos ilícitos del demandado, dentro de Myanmar y al extranjero; e indemnizar al grupo rohinyá y a sus miembros por los daños causados.


Por último, la Corte decidió que la cuestión del importe y las modalidades de la indemnización u otra reparación debería determinarse en una fase posterior del procedimiento y que, a tal fin, Myanmar debería remitirle, en el plazo de dos años a partir de la sentencia de hoy, un informe sobre las medidas de restitución que haya adoptado, así como sobre el importe y las modalidades de la indemnización.


La sentencia es definitiva, vinculante para las partes en el asunto y no susceptible de recurso.

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