La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa CoVAJ condenó en un comunicado, el cambio de medida cautelar dictada por la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para beneficiar a 8 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.
A pesar de que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República propuso el resguardo domiciliario de los inculpados en su domicilio, la jueza finalmente determinó imponer a los imputados las siguientes medidas cautelares:
*Firma periódica cada 15 días ante el juzgado del proceso.
*Garantía económica de 50 mil pesos.
*Prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él.
*Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas.
*Prohibición de acercarse al estado de Guerrero.
*Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
La dependencia federal de inicia que una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, señaló que, con esta determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
Asimismo, la CoVAJ se coordinará con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad para este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México.
“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.” agregó el funcionario
Presos desde el 22 de junio del año pasado, los militares ya no presentan riesgo de darse a la fuga mientras sigue en curso el proceso penal en su contra, según la jueza.
La Fiscalía General de la República los acusa de los delitos de desaparición forzada de los normalistas y delincuencia organizada, luego de que un testigo declarara que los 8 exintegrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería formaban parte del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como responsable del crimen en Iguala.
