Condena CIDH despojo de nacionalidad a los excarcelados nicaragüenses

La represiva y absurda decisión del gobierno de Nicaragua de despojar de su nacionalidad a 222 presos que recién fueron excarcelados y deportados a Estados Unidos, ha sido tema para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo regional condenó la medida que tomó el Gobierno de Daniel Ortega, y calificó la decisión de arbitraria. Por su parte, Estados Unidos pidió "la liberación inmediata" del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión en Nicaragua, luego de que se negara a subir al avión que envío a la Unión Americana junto con los más de 200 deportados el pasado jueves. El vocero del Departamento de Estado, Bed Price, dijo que "condenamos esta acción del gobierno de Nicaragua y pedimos la liberación inmediata del obispo Álvarez".

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso que la nacionalidad constituye "un derecho inderogable de todas las personas, y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos". Señala que Nicaragua forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas desde 2013 y le llama "a derogar las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos". La CIDH sostuvo que se comprometía a "seguir de cerca la situación de derechos humanos de las 222 personas liberadas" a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, e insta al gobierno de Ortega a liberar a todas las personas "detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis" en el país. Asimismo, "saluda", la excarcelación de las personas enviadas a Estados Unidos, que "pone fin a años de encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención, por ser consideradas opositoras al gobierno, ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos". Un tribunal condenó al obispo Alvarez a 26 años y 4 meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dolares, además de privarlo de su nacionalidad nicaragüense y sus derechos ciudadanos a perpetuidad. La semana pasada "dejamos muy claro" que la liberación de esos presos políticos "es un paso bienvenido, fue un paso constructivo, pero de ninguna manera fue una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos respecto al régimen" del mandatario Daniel Ortega, "incluyendo la represión y opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo", insisió a su vez el vocero del Departamento de Estado norteamericano. Price añadió que "seguimos pidiendo la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y seguimos firmes en alentar al gobierno a restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense".