Comunidad internacional debe actuar con respecto a violaciones de derechos humanos en Nicaragua

La reforma constitucional en Nicaragua, que entró en vigor el 18 de febrero, representó un golpe final al Estado de derecho, aseguran expertos de la ONU en un nuevo informe que presentarán el viernes al Consejo de Derechos Humanos.

La reforma eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* concluyó que el régimen del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población —tanto dentro como fuera de Nicaragua— enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas.

“Hoy podemos concluir que el Estado de Nicaragua y el partido sandinista en el poder prácticamente se han fundido en una máquina unificada de represión. Esta maquinaria es responsable de innumerables casos de muertes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, expulsión de nacionales, privación arbitraria de la nacionalidad, etcétera, señaló Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos.

“Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo”, afirman los expertos, que instan a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense.

El informe también recomendó emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión.