Comité de la ONU advierte falta de claridad en los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos

Comité ONU

El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios presentó su cuarto informe periódico sobre México, en el que reconoció los esfuerzos legislativos e institucionales del país y formuló recomendaciones en materia de protección de los derechos de los migrantes.

El Comité destacó los avances del país en la armonización de su Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la reforma legal de 2020 para poner fin a la detención de niñas, niños y familias migrantes.

Además, acogió con satisfacción las iniciativas del Estado para fortalecer asistencia y protección consular de sus nacionales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

No obstante, el Comité,  órgano de tratados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó  cuestiones preocupantes, entre las que destacó “falta de claridad y transparencia respecto a la existencia y el contenido de acuerdos, formales o informales”, entre México y Estados Unidos, advirtiendo que puedan implicar “la externalización del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses, la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos”.

El Comité también alertó de las “prácticas sistemáticas de devolución hacia México, bajo dichas medidas, de nacionales de terceros países”, explicando que esas personas quedan en situación de gran vulnerabilidad, y sufren diferentes de violencia y violaciones de sus derechos.

Refirió también las expulsiones de Estados Unidos por vía aérea, toleradas por México, hacia el estado mexicano de Chiapas, de mexicanos y extranjeros, que no reciben información ni apoyo institucional adecuados, quedando expuestas a riesgos de violencia, trata o explotación.

Alertó también de un posible agravamiento de estas circunstancias ante medidas anunciadas y aplicadas por Estados Unidos desde inicios de 2025, que pueden profundizar la situación de crisis humanitaria y vulneración de derechos en el norte de México.

En este sentido, recomendó a México aclarar la naturaleza y el contenido de cualquier acuerdo, formal o informal, con Estados Unidos, asegurando que toda cooperación migratoria cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo las disposiciones de la Convención y el principio de no devolución y el acceso a procedimientos individualizados de protección.

Del mismo modo, instó a México a robustecer la protección de los derechos de trabajadores migrantes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, con mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar que los países receptores de mexicanos trabajadores respeten sus derechos laborales y humanos, promoviendo la ratificación de la Convención en esos países.

Otra de las preocupaciones del Comité es la militarización de la gestión migratoria, la participación de empresas de seguridad privadas y el uso generalizado de operaciones de verificación migratoria en todo el país por parte de actores sin facultades legales para hacerlo.

Al respecto, instó al Estado a cesar la participación de las fuerzas armadas en las funciones migratorias, a poner fin a la externalización de funciones esenciales de política migratoria a actores privados y a fortalecer los mecanismos nacionales de supervisión y rendición de cuentas.

Otras recomendaciones destacables son:

Revisión de la Ley de Migración para garantizar que se ajuste a los principios de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios y sus Familiares 

Fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados aumentando los recursos financieros y humanos para mejorar eficiencia en el procesamiento de solicitudes de asilo y garantizar atención adecuada a solicitantes.

Acceso a servicios básicos para migrantes independientemente del estatus migratorio, sin que estas personas teman ser detenidos o deportados.

Prevención de la detención arbitraria asegurando que cualquier privación de libertad se realice de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos.

La embajadora mexicana Francisca Méndez Escobar asistió a la presentación del informe en Ginebra, y reafirmó el compromiso de México con la protección de los derechos de los migrantes y su disposición para colaborar con la comunidad internacional en la mejora de las condiciones de movilidad humana.