Cierra la Corte posibilidad de sociedad civil para reclamar Ley de Guardia Nacional

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió sobreseer el amparo en revisión presentado en 2019 por la organización, México Unido Contra la Delincuencia en contra de la Ley de la Guardia Nacional, donde se reclamaba que la configuración de esa institución posibilita su militarización, al no contar con mecanismos para asegurar que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia sea extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

Para la ONG, esta ley no cuenta con mecanismos que garanticen la separación de policías navales y militares de sus corporaciones castrenses de origen.

Aunado a ello, en el amparo se advierte que hubo vicios en el proceso legislativo y que las instituciones de seguridad pública en los estados y municipios tendrían un papel secundario frente a la institución federal.

Para México Unido, pasaron 3 años para resolver el asunto, la Segunda Sala resolvió sin análisis de fondo, y la Ministra Ortiz Ahlf omitió analizar el argumento principal que es el carácter militarista de la configuración de la Guardia Nacional.

En su lugar, únicamente argumentó que la ONG no contaba con interés para reclamar en un juicio de amparo la inconstitucionalidad de la Ley de Guardia Nacional.

El proyecto aprobado por la Segunda Sala niega a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de formular sus exigencias ante actos violatorios de la Constitución y los derechos humanos, bajo el argumento de que el juicio de amparo sólo puede tener efectos que beneficien a quien acude al juicio, a pesar de que existen precedentes en los que el juicio de amparo ha tenido efectos de carácter general.

Así, la Corte evitó analizar si el diseño institucional de la Guardia Nacional contraviene el artículo 21 constitucional que ordena que dicha institución debe tener carácter civil, y México Unido lamenta la postura de la Segunda Sala, pues optó por ignorar que la Guardia Nacional es en los hechos, militar.

Recuerda la organización que a finales de 2022 ésta contaba con 85% de elementos de Sedena y Semar, 14% de la Policía Federal y 1% nuevos reclutas civiles, y que lamentablemente, las consecuencias de usar al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública se han traducido en violaciones graves a los derechos humanos y en el aumento de la violencia en todo el país.

Con la resolución la Suprema Corte se ha negado una vez más, como lo ha hecho en diversas resoluciones el último semestre, a imponer límites constitucionales a la participación castrense en actividades ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, y obstaculiza a ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil para cuestionar normas que contravienen derechos humanos a través de juicios de amparo.