CIDH preocupada por medidas de Estados Unidos que impactan ejercicio de los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos que pueden afectar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

Señala que, en los últimos meses, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en ese país, así como informes de organizaciones de la sociedad civil, plantean preocupaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno en el goce de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en particular de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH expresa su preocupación por las medidas del gobierno federal para detener y deportar a académicos nacidos en el extranjero, que residen y trabajan legalmente en Estados Unidos por su discurso político y a su activismo respecto de los conflictos en el Medio Oriente. La Comisión ha identificado casos como el de Mahmoud Khalil, recién graduado de la Universidad de Columbia; Rasha Alawieh, profesora de la Universidad de Brown; y Badar Khan Suri, becario postdoctoral de la Universidad de Georgetown.

Además, la Comisión ha recibido informes de personas a las que se les ha negado la entrada al país en base a mensajes privados críticos de la actual administración, como en el caso de un científico del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

La CIDH expresa también su preocupación por la decisión de cancelar el financiamiento federal a universidades donde se han dado protestas lideradas por estudiantes, cancelaciones condicionadas al cumplimiento de acciones disciplinarias contra estudiantes manifestantes, incluida la expulsión y suspensiones, así como restricciones sobre el tiempo, el lugar y la forma de futuras manifestaciones en el campus. Las medidas contribuyen a un ambiente de autocensura y están en contradicción con los principios establecidos en la Declaración Americana, que afirma el derecho de reunión pacífica sobre asuntos de interés común

La Comisión tomó conocimiento de acciones ejecutivas que restringen la libertad de expresión, incluyendo cambios y exclusiones a la acreditación de periodistas que cubren el gobierno federal, e investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre emisoras, por contenido considerado crítico con la administración, y recortes de fondos a medios de comunicación nacionales e internacionales.

Respecto a la movilidad humana, la CIDH observa la detención y deportación de migrantes en condiciones contrarias a los estándares internacionales y que podrían caracterizar violaciones al debido proceso y al derecho a la protección contra la detención arbitraria. Estas medidas forman parte de un conjunto de políticas que restringen el acceso a procedimientos migratorios regulares y a mecanismos de protección internacional

La Comisión reconoce que los Estados tienen derecho a establecer sus políticas migratorias, pero la CIDH reitera su llamado a Estados Unidos a adoptar medidas que garanticen la protección de los derechos de todas las personas en movilidad humana bajo su jurisdicción o control efectivo.

Sobre el derecho a la igualdad consagrado en la Declaración Americana, el 27 de enero, una Orden Ejecutiva prohibió a las personas trans servir en el ejército, lo que posibilitaría la expulsión de aproximadamente 15 mil miembros del servicio. Esta política fue suspendida por una jueza federal, quien consideró que la prohibición podría violar la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta medida, adoptada en conjunto con la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno y las universidades, puede exacerbar los prejuicios contra las personas LGBTI, restringir la accesibilidad para personas con discapacidad y reforzar el racismo estructural contra las personas afrodescendientes

Por último, la Comisión subraya que muchas de estas medidas han sido objeto de impugnaciones legales ante tribunales de los Estados Unidos. Sin embargo, la Comisión ha observado con preocupación las declaraciones públicas de altos funcionarios que podrían socavar la credibilidad e independencia del Poder Judicial.

La separación de poderes y la independencia de los poderes del Estado son elementos esenciales de la democracia representativa, y cualquier acción que pueda percibirse como que ejerce una influencia indebida sobre los procesos judiciales o desacredita la legitimidad de las decisiones judiciales interfiere con esta separación y posiblemente incluso con el Estado de derecho.

Informe lapidario.