California impone más restricciones a la operación del ICE
Seguramente lo va a impugnar en tribunales el presidente convicto Donald Trump...
Un paquete de leyes que buscan contrarrestar el plan de deportaciones del gobierno del presidente de Estados Unidos, que entre otras cosas prohíbe a las fuerzas del orden utilizar guantes de descarga eléctrica e impone impuestos a los centros de detención de inmigrantes, fue promulgado por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.
El mandatario californiano expuso en un comunicado que "Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado".
Los proyectos de ley fijan estándares más estrictos para las prácticas policiales, e incluye una prohibición de guantes de electrochoque, estableciendo límites al uso de estos dispositivos de las fuerzas del orden.
Apenas en agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dió a conocer un contrato de 20 millones de dólares para la compra de guantes CTG-5 para los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los guantes tienen electrodos conductores en la palma que al activarse y tocar la piel de una persona, no funcionan a través de la ropa, emiten pulsos eléctricos para causar dolor.
El estado más importante económicamente de Estados Unidos también aplicaría restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, aún en actividades de aplicación de la ley de inmigración.
De igual manera, la nueva reglamentación prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California.
El gobernador Newsom también firmó medidas para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de detención de ICE, incluido un nuevo impuesto del 25% sobre estas cárceles privadas y cierra la puerta para que algunas de estas instalaciones busquen la exención fiscal.
Otro proyecto de ley permitirá a los californianos demandar a funcionarios gubernamentales incluidos agentes federales de inmigración, si consideran que se vulneraron sus derechos constitucionales.
Las nuevas leyes en California generaron fuertes críticas del DHS, y dijo que "ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para hacer de California un lugar más seguro",
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