Las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se llevan a cabo en Viena son el escenario en el que Colombia ha pedido este lunes que se efectúe una revisión de la clasificación que mantiene a la hoja de coca dentro de la lista de sustancias controladas.
Según el país sudamericano, Colombia ubicar la hoja de coca en la nómina de la Convención Única en 1961 sobre Estupefacientes ha sido “un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes”.
En su intervención dentro de los debates, la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, apuntó que “la planta no es el problema, es parte de nuestra historia y nuestras tradiciones”, añadió Gil y exhortó a los demás países a apoyar su iniciativa.
La Comisión de Estupefacientes está conformada por 53 Estados miembros y tiene el poder para decidir sobre el alcance de la fiscalización de drogas.
La propuesta colombiana sobre la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína, es parte de la política de drogas que lleva a cabo el gobierno colombiano desde la llegada a la presidencia hace medio año del izquierdista Gustavo Petro.
Para la viceministra Gil, “Colombia está cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó”, y comentó que su país busca dejar atrás el modelo prohibicionista que ha seguido y que no ha resultado en la disminución de los cultivos.
Durante 2021, Colombia llegó a un nivel histórico de 204 mil hectáreas sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Gil aseguró que el aumento histórico de los cultivos ilícitos ha dejado un lastre de violencia, pese a que las cifras oficiales indican que en las últimas 2 décadas se erradicaron más de un millón de hectáreas de cultivos ilícitos, se fumigaron con el herbicida glifosato 2 millones de hectáreas y se incautaron 6 mil toneladas de cocaína.
La nueva política de drogas de Colombia busca evitar que se persiga al campesino y enfocar los esfuerzos contra los grandes eslabones del narcotráfico y el lavado de dinero., dando de paso la posibilidad a los campesinos para que sustituyan voluntariamente cultivos ilícitos por los legales y disminuir la erradicación forzosa.
