Autorizan a soldados para detener civiles en Los Ángeles

Esta sí es una militarización de la seguridad pública y ocurre en el país de la democracia y las libertades, algo que ya no existe en Estados Unidos. 

Según lo expresado el miércoles por el mayor general Scott Sherman, comandante a cargo del operativo militar del gobierno del presidente convicto estadounidense, Donald Trump, las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles para frenar las protestas derivadas de las redadas migratorias tienen autorización para detener a civiles.

Em conferencia de medios, el militar aseguró que ""estrictamente para la protección del personal federal y la protección del edificio federal, se les permite detener temporalmente y esperar a que las fuerzas del orden puedan venir y arrestarlos".

Sherman, coordina el despliegue de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines en Los Ángeles, precisó que las tropas no pueden hacer ningún arresto y que cerca de 500 fueron entrenados para acompañar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en operativos migratorios.

Eso dice, pero en realidad el entrenamiento de este personal castrense está diseñado para matar.

Detalló que los Marines están recibiendo entrenamiento especializado en la Estación Naval de Armas de Seal Beach, en escenarios de manejo de multitudes, situaciones que son ajenas a sus funciones tradicionales.

Dijo que las protestas en otros países podrían intensificar las manifestaciones en Los Ángeles en los próximos días, aunque la realidad es que se percibió un ambiente más tranquilo en las calles el miércoles 

Los marines "no han completado su entrenamiento sobre Reglas para el Uso de la Fuerza y sobre armas no letales, y no tengo una estimación de cuándo serán empleados por la Fuerza de Tarea 51", dijo el portavoz del Comando Norte de Estados Unidos a la cadena CNN.

Así, en un país donde el presidente ha violado en 4 meses más leyes que cualquier mandatario en la historia de la Unión Americana, los militares actuarán en un estado sin ser llamados por el gobernador, por primera vez en más de medio siglo.