Aprueban que ejerzan cargos de gobierno en Israel, políticos con cuentas pendientes con la justicia

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene un proceso judicial por corrupción abierto en su contra, pero eso ya no le impedirá seguir al frente del gobierno gracias a poder Legislativo, que aprobó esta madrugada una ley que permite a Netanyahu no ser recusado o declarado no apto para ejercer su cargo, mientras tiene un juicio por varios cargos de corrupción.

La ley en cuestión superó la tercera y última lectura luego de una larga sesión plenaria con 61 votos a favor y 47 en contra.

La norma forma parte de la reforma judicial que impulsa el Gobierno, misma que ha provocado una amplia movilización social en todo el país porque es vista como una amenaza a la democracia al restar independencia al poder Judicial y restar las facultades al Supremo.

La oposición presentó varias objeciones a dicha legislación, que fue tramitada de forma acelerada para proteger a Netanyahu, quien tiene cuentas pendientes con la justicia en 3 casos abiertos por fraude, soborno y abuso de confianza, cargos que por supuesto, él niega y no han sido procesados hasta obtener una resolución final.

Con ello, presuntos delincuentes pueden tener cargos de gobierno, ya que la legislación impide que el Tribunal Supremo ordene a un primer ministro que tome un "permiso de ausencia". Así, la corte no puede obligar a dimitir a Netanyahu por conflicto de intereses, siendo líder de una coalición de gobierno que promueve una reforma judicial mientras enfrenta cargos de corrupción.

Con la nueva ley de recusación, solo una mayoría de tres cuartos de los votos de los ministros del gobierno, seguido de la ratificación por el mismo porcentaje de diputados, podrá forzar a un primer ministro para que tome una licencia temporal, y solo por razones de salud mental o física.

La reforma busca dar control total al Gobierno sobre el nombramiento de los jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, lo que podría tener un impacto en una posible apelación del veredicto de su juicio en curso; además de incluir una "cláusula de anulación" que permitiría al Parlamento revertir fallos del Supremo o blindar leyes para que no puedan ser sometidas a la revisión de esa corte.

Este jueves miles de israelíes se movilizaron en las principales ciudades del país contra la reforma judicial del Gobierno, que acabará debilitando al poder judicial y afectando a otras instituciones públicas.

Manifestantes se reunieron en Jerusalén frente a la casa del líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, aliado clave del primer ministro Netanyahu, beneficiario de un proyecto de ley que le permitirá regresar a sus puestos ministeriales después de que el Tribunal Superior de Justicia dictaminara que su posición en el gabinete era no era sostenible debido a las sentencias sobre él por evasión de impuestos.

Reservistas del ejército se reunieron en la casa de Ramat Gan del ministro de Educación, Yoav Kisch, expiloto de la fuerza aérea. Con una pancarta que decía "No abandones la democracia", y otros activistas desplegaron una copia de la Declaración de Independencia de Israel y banderas israelíes a los lados de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén.