Será el próximo 26 de febrero cuando realicen un paro general de actividades los trabajadores de la educación en Argentina.
La Confederación de Trabajadores de la Educación del país sudamericano anunció el paro de los docentes y movilizaciones en todas las provincias del país para el lunes venidero, para exigir una discusión paritaria nacional para fijar los salarios y repudiar las pérdidas en sus ingresos decretada por el Gobierno del presidente Javier Milei.
La secretaria general de la Confederación, Sonia Alesso, dijo que "lo que va a suceder con la docencia argentina es que va a cobrar menos, no que no va a tener aumento. Hasta ahora, lo que está pasando es que no se enviaron los fondos a las provincias del fondo compensador, del Fondo Nacional de Incentivo Docente de los fondos para los programas educativos",
La agencia Télam reporta que el sindicato acordó el llamado a la huelga general tras la celebración de un congreso, pese a que el calendario escolar inicia el lunes en 10 jurisdicciones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La dirigente gremial llamó a recordar que en el transcurso de la semana se comunicó que "los fondos que dependen de leyes sancionadas en el Parlamento nacional, no se van a enviar a las jurisdicciones", y esto afecta a materias que incluyen salarios, infraestructura, comedores escolares y pago de horas extras, lo que se conoce en el país como "quinta hora".
Señaló también que "como se plantea, realmente va a afectar a las familias argentinas y va a afectar a los docentes. Muchos docentes ayer tomaron conocimiento de que además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora; con lo cual, lo que vamos a tener como resultado es que no solo los docentes no van cobrar más, sino que van cobrar menos. Ese es el escenario".
Alesso añadió que "verdaderamente, es un ajuste más brutal que el de los años 90 y va a afectar a toda la educación, no solamente nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras".
Ell vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno tomó "la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación servicio esencial", lo que implica que se impediría la convocatoria a huelgas masivas, pues por ley los empleados de sectores prioritarios deben garantizar una prestación del servicio no inferior al 75%.
