Amnistía expone violaciones de derechos humanos en centro de detención de inmigrantes de El Paso

Amnistía Internacional publicó este miércoles un documento en el que expone graves violaciones de derechos humanos contra las personas inmigrantes detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso, en el contexto de la represión general de inmigrantes por parte del gobierno de Trump.

El documento, basado en una visita de investigación a El Paso en abril de 2025, que incluyó una visita guiada a dicho centro, documenta alarmantes patrones de abusos y violaciones sistémicas de derechos.

El trabajo reveló malos tratos generalizados en y pone de relieve casos en los que se ha reforzado el control de la inmigración, en ocasiones de manera ilegal, y el uso alarmante de la Ley de Enemigos Extranjeros para clasificar como personas de alto riesgo y afiliadas a bandas a personas venezolanas que buscan seguridad, detenerlas y expulsarlas del país.

“El gobierno de Trump actúa descaradamente de forma selectiva contra nuestros familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas inmigrantes, y ha vuelto insoportable su vida”, ha manifestado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“Se están practicando detenciones de inmigrantes en todo el país, incluidas personas solicitantes de asilo y otras que llevan años viviendo en Estados Unidos, a quienes se está negando acceso a representación letrada y al debido proceso, sometiendo a condiciones de reclusión abusivas y, en algunos casos, a desaparición forzada y traslado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Estas prácticas no sólo son inhumanas, sino también ilícitas”.

El equipo investigador de Amnistía se reunió con 27 personas detenidas y con organizaciones locales y proveedores de asistencia jurídica, ayuda humanitaria y servicios sociales. La organización observó un desprecio general por las normas de derechos humanos en una amplia variedad de medidas.

Amnistía Internacional documentó numerosos casos de detención arbitraria, incluso de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que habían presentado solicitud de asilo. Entre ellas había quienes huían de la violencia política, la tortura y la violencia de las bandas. Muchas denunciaron no tener acceso a representación letrada, estar en detención prolongada sin motivo, sufrir condiciones de reclusión crueles e inhumanas y ser objeto de traslados entre centros que afectan a su capacidad de comunicarse con sus seres queridos y con proveedores de servicios jurídicos

La reciente suspensión del Programa de Orientación Jurídica del Departamento de Justicia ha reducido la capacidad de las personas detenidas para conocer sus derechos y moverse por el sistema de inmigración. En El Paso, organizaciones consolidadas como Estrella del Paso, que en otro tiempo prestaba servicios esenciales a las personas migrantes a través de sesiones formativas en los centros de detención sobre la ley de inmigración y el sistema de justicia, y de apoyo a menores no acompañados ante los tribunales, se han quedado sin financiación, lo que deja a las personas inmigrantes atrapadas en el sistema, sin acceso a representación letrada ni al debido proceso.

La mayoría de las personas detenidas entrevistadas carecían de representación jurídica y varias dijeron que sentían frustración ante la falta de acceso a recursos legales, que incluía ser sistemáticamente privadas de acceso a la biblioteca jurídica. Otras dijeron que no tenían acceso a información de ninguna clase sobre su caso.

Utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, el gobierno de Trump ha actuado desproporcionadamente contra personas venezolanas calificándolas de afiliadas a bandas sin pruebas, deteniéndolas arbitrariamente y expulsándolas sin el debido proceso, en algunos casos a El Salvador, donde se enfrentan a condiciones de reclusión inhumanas y riesgo de tortura.

En el Centro de Procesamiento hubo quienes denunciaron que las personas venezolanas sufren de manera desproporcionada malos tratos a manos de los guardias, régimen de aislamiento y la calificación de “enemigo extranjero” basada únicamente en la nacionalidad y la presencia de tatuajes, y todo ello sin el debido proceso.

Amnistía Internacional concluyó que las condiciones en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso violan las normas de reclusión tanto estadounidenses como internacionales.

La visita de Amnistía Internacional dibuja un cuadro muy preocupante, repleto de violaciones de derechos humanos.

Mientras, el gobierno de Trump solicita más de 200 mil millones de dólares estadounidenses para ampliar su capacidad de control de la inmigración, incluidos 45.000 destinados a triplicar la capacidad actual de detención hasta 150 mikv personas al día.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a la detención masiva de inmigrantes, garantice la evaluación personalizada de cualquier detención con presunción de libertad, garantice el derecho a asistencia letrada y respete en todo momento las normas internacionales de derechos humanos.

Asimismo, debe poner fin a su actuación selectiva contra las personas venezolanas en estricto cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).