El expresidente peruano Alejandro Toledo está más cerca de ser extraditado de Estados Unidos al Perú, luego de que una jueza de california rechazó un del exmandatario para que no lo extraditaran a su país.
Mientras tanto, una corte norteamericana estudia una de sus apelaciones en busca de permanecer en Estados Unidos.
Toledo aceptó que la constructora brasileña Odebrecht pagó al menos 34 millones de dólares en sobornos y que él recibió parte de ellos, pero se dice inocente, y que el empresario israelí Josef Maiman, ya fallecido, fue el encargado de esos negocios con las autoridades peruanas sin que él lo supiera.
La jueza Laurel Beeler ordenó un alivio temporal: que Toledo no sea extraditado al menos por siete días para que tenga tiempo de solicitarle a una corte de apelaciones que le permita quedarse en Estados Unidos.
“El pedido del peticionario para no ser extraditado mientras se resuelve una apelación de una orden que negó su habeas corpus está negado, pero el otro pedido del peticionario para quedarse temporalmente es concedido”, dijo la magistrada.
Toledo está acusado de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo han demandado por confabulación y lavado de dinero y su país busca extraditarlo desde 2018. El expresidente fue detenido en Estados Unidos a raíz de esa solicitud en 2019.
La magistrada Beeler rechazó en abril la apelación de Toledo a una orden judicial que había certificado su extradición y ordenó cerrar el caso, pero el expresidente solicitó después a la corte que frenara su envío a Perú mientras se resolvía la apelación.
De acuerdo con Toledo, Maiman habría recibido el dinero actuando falsamente en su nombre.
La extradición fue certificada en septiembre de 2021 por otro juez de California, Thomas Hixon, pero para prolongar el proceso de extradición Toledo presentó en octubre un habeas corpus, alegando que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque Perú no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con los cargos específicos, como requiere el tratado.
Toledo, que gobernó Perú entre los años 200 y 2006, agregó que no hay razones para creer que él haya cometido los supuestos delitos, pero la jueza rechazó sus alegatos.
El Departamento de Estado es el encargado de ejecutar las extradiciones y puede hacerlo aún cuando haya apelaciones pendientes siempre que exista una orden de un juez que haya acreditado la extradición.
