El Gobierno de Nicaragua decidió congelar las cuentas bancarias de algunas de las 9 diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, en un nuevo embate de Daniel Ortega en contra de esta entidad religiosa.
Esto informaron fuentes eclesiásticas, y se dice que las diócesis con cuentas bancarias restringidas son las de Managua, Matagalpa y Estelí, las 2 últimas a cargo del obispo Rolando Álvarez, hoy encarcelado y purgando una condena de más de 26 años de prisión por “traición a la patria”.
El cardenal Brenes, responsable de la dió esos de la capital y arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están “viendo cómo resolver la situación”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.
A su vez, la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.
Molina precisó que entre los mensajes que aparecen cada que intentaba una transferencia a cuentas de la Arquidiócesis de Managua, aparecían leyendas tales como "verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo”, “Su transferencia no ha podido realizarse”, y “Cuenta no válida”, entre otras.
Ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni al arresto de 3 sacerdotes en esta semana.
Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación. El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco en Matagalpa, diócesis que dirige el obispo Álvarez.
La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica están marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas, a partir de la asonada social de 2019 que dejó un saldo de centenares de muertos.
