Admiten amparo contra presencia de la Guardia Nacional en el Metro

El Poder Judicial de la Federación admitió un amparo México Unido Contra la Delincuencia en el que se solicita el retiro de los casi 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en 190 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. La demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de una persona usuaria de este transporte para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México proteja los derechos de quienes utilizan este sistema destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización. Tras el anuncio público del despliegue de la Guardia Nacional, el pasado 12 de enero, el Gobierno capitalino envió a los elementos a las instalaciones del Metro sin aclarar sus actividades, objetivos, presupuesto asignado, alcances de su participación, parámetros de coordinación o supervisión ni las implicaciones legales o administrativas de su incursión en estas actividades. Según México Unido contra la Delincuencia, con esta decisión, en primera instancia, el Gobierno capitalino viola el derecho a la seguridad jurídica de las y los usuarios debido a que esta acción fue tomada sin importar que la Guardia Nacional no cuenta con facultades jurídicas para intervenir las estaciones del Metro, pues su marco jurídico establece como autoridades encargadas de la seguridad a elementos de la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad CIudadana de la Ciudad de México. Debido a que la Guardia Nacional es una institución mayoritariamente militar, la presencia de éste cuerpo de seguridad viola el derecho a la seguridad ciudadana de las personas usuarias, pues no cumple con los requisitos que componen la seguridad pública, una función estatal que debería estar a cargo de instituciones policiales civiles, formadas y profesionalizadas en la materia. Dice la ONG que su despliegue vulnera también el derecho a la movilidad urbana, pues la presencia de la Guardia Nacional en el metro representa un elemento intimidatorio capaz de persuadir a las personas de reducir o suspender el uso del Metro, con lo que provoca un efecto inhibidor de este derecho. Para MUCD, ese temor es objetivamente justificable: pues la Guardia Nacional ha sido, en los últimos 2 años, el cuerpo de seguridad con mayor número de quejas acumuladas por violaciones a derechos humanos, sólo por debajo de la Sedena, con señalamientos de hechos de detención arbitraria; tortura; violencia desproporcionada durante detenciones; delitos contra la libertad sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La decisión del gobierno capitalino, afecta el derecho a un buen gobierno de las y los capitalinos, debido a que el uso de recursos del presupuesto que deberían ser destinados a la reparación, mejora, modernización, ampliación y mantenimiento del STC Metro está siendo desviado para costear la presencia elementos de Fuerzas Armadas que no responden a estos objetivos. Agrega que el Metro es más que un transporte: es un espacio de encuentro, de expresión, de protesta, y la Guardia Nacional no debe tener presencia en sus instalaciones, por lo que el amparo busca que el Poder Judicial reconozca estas violaciones a derechos humanos, revierta la medida de despliegue de este cuerpo militarizado y ordene al Gobierno capitalino redireccionar sus esfuerzos en la verdadera protección del derecho a una movilidad segura para las y los usuarios.

Cabe señalar que la última Encuesta sobre Seguridad Urbana difundida por el INEGI, coloca a la Guardia Nacional junto con el Ejército y la Marina, como las instituciones de seguridad que generan mayor confianza en los mexicanos.