Acusa la CIDH al oficialismo venezolano de ejecutar "asesinatos y torturas"

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

De manera extrañamente coincidente con la inminente toma de posesión de Nicolás Maduro para otro periodo como presidente de Venezuela luego de la cuestionada elección de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó al Gobierno de llevar adelante una política de represión tras los comicios del pasado 28 de julio.

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Según este organismo, hay datos sobre "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2 mil detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes".

El reporte, divulgado a 3 días de la asunción por tercera ocasión de Maduro, apunta que la reelección de Maduro bajo acusaciones de fraude no tiene "legitimidad democrática", destacando una política para "infundir terror" y "silenciar voces disidentes". 

El declarado ganador de los comicios, fue ungido por el máximo órgano electoral venezolano que nunca pudo mostrar las actas que validaran su victoria.

El reporte de la CIDH, identificada con los mandatarios de la región opositores al gobierno de Venezuela, aparece de manera sospechosamente cercana a la ceremonia de investidura, y explica que "la opacidad electoral, y, en general, las restricciones a los derechos políticos (...) impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática".

El informe añade que Nicolás Maduro no solo "ejecutó prácticas de terrorismo de Estado" para "impedir la participación política de la oposición", sino que también "implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder".

El informe advierte que el régimen dividió su estrategia en 3 etapas: una en el proceso preelectoral, otra el día de los comicios, y la tercera, tras la elección, con el saldo señalado 

Agrega que "se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes".

La CIDH, que también denunció falta de separación e independencia del Poder Judicial, y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que presentara formalmente "un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad".