La Fiscalía de Perú dio un paso adelante en las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte, y presentó una denuncia contra la mandataria peruana "como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado".
Esto en torno al escándalo conocido como Rolexgate, relacionado con los relojes de lujo que la mandataria lució sin haberlos declarado.
El Ministerio Público mencionó en la red social X, que "la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso de la República, la denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado".
Esta denuncia es un procedimiento especial que aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
La querella es constitucional va dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un camino parlamentario que termina en el pleno que debe establecer si recomienda acusar a Boluarte por este caso.
La Fiscalía informó que los hechos están referidos a que la presidenta "habría recibido en calidad de donación del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, 3 relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República".
Son más de 60 páginas donde está detallada la denuncia donde el Ministerio Público detalla sus argumentos y pruebas para demostrar que la mandataria habría cometido el delito mencionado.
Para el Ministerio Público peruano, la compra de relojes y joyas por el gobernador coinciden con visitas que realizó a Boluarte, y afirma que el Ejecutivo ha emitido decretos de urgencia y decretos supremos que habrían beneficiado al gobernador y su región.
Ello indicaría que la presidenta habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" estos objetos.
La primera vez que se utilizó esta figura contra un presidente en ejercicio en el gobierno de Pedro Castillo, y la denuncia contra Boluarte fue enviada al presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
