La Confederación Nacional de la República Mexicana, dice estar preocupada porque, a su juicio, el gasto aprobado para 2024 en la Cámara de Diputados privilegia recursos para proyectos prioritarios para el Gobierno, como el Tren Maya y los programas sociales, pero no hay incrementos sustanciales para educación, salud, seguridad y no se etiquetaron recursos para atender la emergencia en Acapulco.
En un comunicado, reconocen los patrones la solidaridad de los mexicanos para apoyar a las personas que perdieron su trabajo de un sinnúmero de empresas, entre ellas varias socias de Coparmex, y a todas las personas que han aportado recursos materiales, víveres y agua, pero que ninguna ayuda será suficiente si no va acompañada de presupuesto público y acciones de gobierno que garanticen servicios básicos para la gente de Acapulco y Guerrero.
No mencionan en su comunicado que el gobierno federal ha dicho que dispone de los recursos para esa tarea, más allá de partidas presupuestales.
Según los empresarios, no asignarle recursos a Acapulco en el Presupuesto del año entrante, no es sólo darle la espalda a los damnificados, sino que deja en la incertidumbre a miles de familias.
Según Coparmex, se requieren al menos 300 mil millones de pesos para la reconstrucción que deberán tener un manejo impecable, y que, con la ayuda de Transparencia Mexicana, buscarán su uso correcto y evitarán cualquier tipo de desviación.
Esto no se hizo en otros tiempos y en otros desastres por parte del sector privado.
Señalan en el comunicado que no se cuenta ya con el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, ni con recursos etiquetados por los diputados para atender a los municipios de Guerrero afectados por el huracán OTIS.
Asimismo, y pese a la explicación ofrecida por las autoridades, califican de inaceptable e indolente, que se haya decretado ya el fin de la Declaratoria de Emergencia cuando sigue habiendo miles de familias que ni siquiera tienen agua potable.
Asimismo, Coparmex sostiene que le preocupa la asfixia presupuestal a la que se someterá a los Órganos Autónomo, pues a su entender, significa minar el orden democrático y los pesos y contrapesos que el país requiere.
El legislativo aprobó una reducción de 13 mil millones de pesos a lo solicitado por el Poder Judicial y otros organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.
Los patrones señalan respaldan el apoyo a los programas sociales para ayudar a quienes menos tienen y deben mantenerse por el bien de millones de mexicanos, pero que demandan un uso correcto de los recursos y que no se haga uso político electoral de los mismos, sobre todo porque hay un incremento de 30% al programa de adultos mayores en un año en el que se elegirán más de 20 mil cargos públicos, entre ellos, Presidencia de la República, 8 gubernaturas y jefatura de gobierno.
Agregan que, pese a los llamados de diferentes sectores de la sociedad, los legisladores no escucharon y mantuvieron un monto de deuda que es el más grande que se haya registrado en esta administración.
