En un comunicado, el Centro Pro de Derechos Humanos informa que el Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Ejército no destruir documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por padres y madres de los normalistas.
Reporta el Centro Pro que el pasado 15 de agosto, padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa interpusieron demanda de amparo contra la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por estimar que ha incumplido el Decreto Presidencial de 4 de diciembre de 2018 en el cual se ordenó a las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, violando el derecho a la verdad a familiares sociedad.
En su demanda, las familias de los desaparecidos argumentan que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tuvieron conocimiento que el Ejército ha ocultado un número indeterminado de reportes de Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a indicios que permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
De ese ocultamiento que desacata las instrucciones del Presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y mando civil, padres y madres señalan la responsabilidad elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como son el Secretario; el Jefe del Estado Mayor; el Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor; el Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor; y el Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras.
Las familias solicitaron como medida cautelar que dentro de la suspensión el Poder Judicial ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada, con la expectativa de que al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones.
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se tramita el juicio de amparo indirecto respectivo.
En cuanto a la suspensión provisional, inicialmente este órgano de primera instancia negó lo solicitado por las familias, por lo que se presentó el recurso de queja y el 1 de septiembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución de este recurso, concediendo a las familias la suspensión que habían solicitado.
A casi 9 años de los hechos, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto, y aunque hay avances de proceso, el último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron que los obstáculos subsisten en instituciones castrenses que no han querido entregar documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo lo que les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018.
Frente a esta realidad, los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer el caso, al tiempo que seguirán acudiendo a instancias legales nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década.
