El gobernador texano Greg Abbott perdió esta batalla, pero no se quedará cruzado de brazos luego de que un juez le dio 9 días para retirar la barrera de boyas anaranjadas que colocó en julio pasado en el río Bravo para frenar el paso de migrantes ilegales desde México. Abbott anunció ya que apelaría esta decisión del juez del tribunal federal con sede en Austin, que respaldó los argumentos del gobierno del presidente Joe Biden, que demandaba la suspensión de la instalación de esta barrera, ya que evaluó los "daños causados por la barrera flotante", así como las "enormes tensiones que ha provocado en las relaciones entre Estados Unidos y México", además de las "amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura". El río Bravo es la frontera natural con México, y el muro acuático está diseñado para girar si alguien trata de asirse a ellas y, cuenta con unos filosos discos metálicos dentados. El tribunal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio "construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande", en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión. De igual manera, ordena "reubicar antes del 15 de septiembre" todos los elementos ya existentes que componen esta barrera flotante "en la orilla del Río Grande del lado de Texas". En su cuenta de X, el gobierno de México expresó a través de la cancillería mexicana que reconoce la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en EE. UU., en la que ordena retirar la instalación de boyas colocadas dentro del Río Bravo en el área de Eagle Pass, Texas. "Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida; así como la importancia de respetar el Tratado Bilateral de 1944 y salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes", añade el texto. La fiscal federal Vanita Gupta, expresó por su parte que "estamos satisfechos de que el tribunal haya determinado que la barrera es ilegal y pone irremediablemente en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el Río Grande y sus alrededores".
