La desaparición por espacio de cerca de 3 días del obispo Salvador Rangel, su súbita llegada a un nosocomio de Cuernavaca, y las declaraciones de autoridades morelenses que llevan años enfrentadas, han convertido el asunto del religioso Emérito de Chilpancingo en un escándalo que no ha sido esclarecido.
El pasado lunes, la Fiscalía del estado de Morelos a cargo del cuestionado Uriel Carmona, afirmó que el obispo habría sido víctima de un secuestro exprés.
Sin embargo, el secretario de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, descartó hace unas horas la tesis de la fiscalía, y ofreció una versión demoledora contra el prelado, por decir lo menos.
El informe de Guarneros apunta que Rangel estuvo en un motel con otro hombre que luego se retiró del lugar, y que Rangel habría salido de ahí para dirigirse a un hospital de Cuernavaca.
La trama se vuelve más delicada para el emérito, ya que medios locales accedieron al documento de alta voluntaria de Rangel del hospital, y el documento precisa que el religioso dio positivo a cocaína y benzodiacepinas, además de llevar pastillas con las características del viagra.
El Gobierno interino de Morelos encabezado por Samuel Sotelo, se puso del lado de su jefe de policía en un episodio más de las pugnas del gobernador interino, sustituto de Cuauhtémoc Blanco, y la Fiscalía estatal dirigida por Carmona
En este nuevo escenario, el prelado guarda silencio, y la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunciante en un comunicado de la desaparición de Rangel, ha hecho ahora un lado respetuoso para “que se eviten conjeturas y especulaciones que enrarecen el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana”.
El caso ha dado un vuelco dramático y, en medio de ello, las pugnas entre el gobierno y la fiscalía de Morelos, de las cuales la población está harta.
