La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por mayoría de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que determinó la no aprobación del acuerdo mediante el cual se establecen medidas específicas para contribuir a evitar el uso político de los programas sociales, compra, coacción e inducción del voto, así como acciones que generen presión sobre el electorado durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Inconforme con lo anterior, el Partido Acción Nacional impugnó el acuerdo al considerar que, en su concepto, la responsable no fue exhaustiva, ya que no expuso los motivos o razones por los que la propuesta de acuerdo no podía implementarse.
En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, determinó que el Consejo General del INE sí fue exhaustivo, porque en la sesión en que se analizó y discutió el proyecto de acuerdo, las consejerías expusieron las razones que las llevaron a considerar la no aprobación de la propuesta.
Al respecto, el pleno consideró que existen mecanismos y lineamientos que regulan la actividad de las personas servidoras públicas que manejan programas sociales, así como de una estrategia institucional relacionada con el tema de compra o coacción del voto y delitos electorales activa en redes sociales, radio y televisión, para preservar la imparcialidad y equidad en los procesos electorales.
En consecuencia, se confirmó el acuerdo impugnado.
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