El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.
La mayoría conservadora en el Supremo de Estados Unidos dio luz verde este martes a la ley antimigrante de Texas. El máximo tribunal estadounidense dominada por los magistrados designados durante el Gobierno de Donald Trump, votó 6-3 en favor de avalar dicha ley.
La cancilleria señala que, como se ha expresado desde que dicha medida fue discutida en el seno legislativo de Texas el año pasado, México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial.
México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y de establecer sus propias políticas de internación a su territorio.
Asimismo, reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.
En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas.
Como parte de las acciones para velar por los intereses de México y de sus nacionales en Estados Unidos, el Gobierno de México participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana, para acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Adicionalmente, como parte de la estrategia de asistencia y protección consular ante esta nueva legislación, en noviembre de 2023 se reunió a cónsules de protección en Texas para coordinar acciones ante una eventual entrada en vigor de la ley.
De igual manera, se han llevado a cabo reuniones en enero y febrero con titulares de las representaciones de México en ese estado, grupo denominado Texcoco, en el mismo sentido.
La cancilleria agrega que seguirá brindando asistencia y protección consular a todas las personas mexicanas en Texas a través de sus 11 representaciones en el estado, y del Consulado de Albuquerque que también cubre condados del estado.
La ley SB4, firmada en diciembre por el gobernador republicano Greg Abbott, contempla nuevo ilícitosvpenados hasta con 20 años de prisión, para quienes ingresan al Estado de manera irregular. También permite a las agencias de seguridad locales solicitar papeles a cualquier persona bajo sospecha de haber ingresado al país ilegalmente.
El punto de la norma, considerado inconstitucional por algunos juristas, avala un sistema estatal de deportación de personas, facultad exclusiva del Gobierno federal.
La jueza Sonia Sotomayor, única latina en el llamado pomposamente Alto Tribunal, dijo que la legislación tejana “pone fin al equilibrio de poder que existe desde hace más de un siglo entre la federación y los Estados”
