Luego de la publicación de los datos preliminares del INEGI sobre homicidios a nivel nacional en 2022, que es la más baja desde 2017 con 25 por cada 100 mil habitantes, el panorama general es presumiblemente alentador, destaca la ONG México Unido contra la Delincuencia. Apunta que, tomando en cuenta que estos valores pueden cambiar al momento de publicarse cifras definitivas, en octubre, los datos muestran que la estrategia de seguridad sigue teniendo como resultado el aumento de la violencia a nivel local México Unido Contra la Delincuencia destaca la urgente necesidad de no perder de vista aspectos de fondo que perpetúan la continuidad de una grave crisis de inseguridad y violencia, vinculada a contexto de alta impunidad. Para 2022, Colima fue la entidad con la tasa más alta de homicidios con 113 por cada 100 mil habitantes, seguida por Zacatecas con 87, Baja California con 70 y Guanajuato 68. Son 4 estados que, por lo menos en 2021 y 2022 se mantuvieron entre las 5 entidades más letales para su población. Campeche y Colima presentaron los máximos históricos de casos de homicidios de sus respectivas poblaciones, con 110 y 867 casos respectivamente. La ONG apunta la violencia letal se expresa de forma distinta en cada territorio y es diversa dependiendo de las víctimas, por lo que cada demarcación requiere políticas preventivas basadas en evidencia para garantizar que se atienden sus necesidades específicas. Se trata, dice México Unidos, de políticas que prioricen el bienestar de las personas y sus comunidades, así como el adecuado funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Más aún, sostiene que el uso de armas de fuego para asesinar en México es alarmante, pues 7 de cada 10 homicidios son con armas de fuego En 2022, un 68% de homicidios fueron cometidos por arma de fuego, y como se ha advertido, la amplia disponibilidad de armas de fuego y municiones es uno de los principales determinantes de la inseguridad, la incidencia delictiva y la violencia en México. México Unido urge una estrategia nacional de reducción de la violencia armada que incluya registros de armas de fuego confiables que permitan conocer la magnitud del problema; mecanismos efectivos y profesionales de coordinación para el control de armas; políticas públicas de prevención de la violencia armada diseñadas con base en evidencia; y más y mejores programas de desarme. De igual manera, sugiere que las cifras publicadas por el INEGI ofrecen elementos para realizar un primer análisis que evalúe cuáles fueron las medidas relacionadas con la reducción hasta ahora preliminar de la violencia letal en México. Mientras que las entidades con mayores disminuciones en el número de casos de asesinatos fueron Tamaulipas 37%, Veracruz 32% y Ciudad de México 31%;, hay 7 entidades que registraron mínimos históricos en el total de casos: Ciudad de México con 742; Coahuila, con 169; Durango, con 125; Guerrero con 1,378; Sinaloa con 558; Tamaulipas con 467 y Veracruz con 641 casos Asimismo, considera que una vía necesaria y urgente para continuar con esta disminución de los homicidios y el uso de armas de fuego, es el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, pues está ha demostrado que su participación no ha contribuido a disminuir la inseguridad ni la violencia. Finaliza pidiendo que las cifras mostradas por el INEGI sean analizadas con cautela, pues México vive una crisis de violencia y seguridad alarmantes. Las propuestas que realizan las organizaciones de la sociedad civil deben ser consideradas para cambiar el rumbo de la actual política de seguridad, pues la militarización ha demostrado no ser la solución.
