Al conmemorarse este miércoles el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 3 expertas de la ONU en derechos humanos exhortaron al Gobierno de México a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente”, al igual que la de sus familiares, de los movimientos de la sociedad civil, y de las organizaciones y servidores públicos abocados a esa causa.
En un comunicado conjunto respaldado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y por el Comité contra la Desaparición Forzada, las relatoras especiales se refirieron a la intimidación, los ataques e, incluso, la muerte violenta que enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Las relatoras especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; y sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem; y la experta sobre los derechos humanos de las personas mayores, Claudia Mahler, expresaron que "es indignante que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México”.
Las expertas citaron 2 casos de activistas atacadas pese a ser beneficiarias del mecanismo federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
El 2 de mayo de 2023, Teresa Magueyal sufrió brutales disparos mientras andaba en bicicleta en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dos meses antes, el 4 de marzo de 2023, la defensora de los derechos humanos Araceli Rodríguez Nava fue atacada en Chilpancingo. Ella sigue buscando a su hijo desaparecido.
Ambos casos siguen bajo investigación, pero las víctimas y sus familiares apenas han recibido información sobre los resultados de las pesquisas.
Las expertas instaron al gobierno mexicano a garantizar que los defensores de los derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas puedan ejercer su labor en libertad y seguridad.
Destacaron que las desapariciones forzadas y los ataques a quienes buscan a sus seres queridos están vinculados al crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, las redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades.
En este sentido, afirmaron que desempeñar su tarea en un entorno de miedo constante, amenazas e inseguridad tiene un efecto disuasivo en los familiares de las víctimas, los actores de la sociedad civil, y los activistas y organizaciones de derechos humanos.
“Muchos de ellos son mujeres y personas mayores, lo que agrava su riesgo de ser agredidas y encontrarse en situaciones de vulnerabilidad”, acotaron.
También consideraron que se deben adoptar medidas de protección que tengan en cuenta las múltiples formas de discriminación, como el género y la edad.
Afirmaron que las medidas de prevención y protección a las víctimas no son efectivas o no se proporcionan.
Las expertas puntualizaron que el Gobierno de México precisa investigar, procesar e imponer sanciones apropiadas con prontitud a cualquier persona que sea responsable de violaciones y arremetidas contra los derechos humanos.
