Este jueves vencía el plazo dado por la Comisión Europea al dueño del gigante tecnológico Meta, empresa controladora de las plataformas Instagram y Facebook, para que informe cómo evitará que se difunda en esas redes contenido "manipulado” y “ultrafalso” sobre el ataque de Hamás a Israel y las próximas elecciones en territorio comunitario.
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, indicó en una misiva dirigida a Zuckerberg y difundida en la red social X, que lo instaba a "que garantice una respuesta rápida, precisa y completa (en las próximas 24 horas como máximo)”.
La carta fue despachada un día después de que el Ejecutivo comunitario solicitara lo mismo al propietario de X, Elon Musk, quien pidió a la Comisión Europea explicar cuáles son las faltas.
Breton le dijo a Zuckerberg que la Comisión ha “tomado nota” de cómo Meta “ha incrementado las medidas de mitigación en vísperas de las recientes elecciones en Eslovaquia, como una cooperación incrementada con autoridades independientes, mejoras en los tiempos de respuesta y aumento de la verificación”.
Sin embargo, le recrimina que haya “un número significativo de informaciones ultrafalsas y contenido manipulado, que han circulado en sus plataformas, algunas de las cuales siguen apareciendo en línea”.
El comisario, recuerda que “la Ley de Servicios Digitales de la UE requiere que el riesgo de amplificación de imágenes o hechos falsos o manipulados generados con la intención de influir en elecciones se trate con extremada seriedad en el contexto de las medidas de mitigación”.
Por ello, le solicita al dueño de Meta "que contacte con la Comisión para detallar qué medidas se están tomando para evitar episodios de desinformación en las elecciones de los próximos meses en Polonia, Países Bajos, Lituania, Bélgica, Croacia, Rumanía Austria y al Parlamento Europeo.
Finalmente, le advierte al empresario que "en caso de la eventual apertura de una investigación y si se hallara que no se cumple la normativa, se pueden imponer sanciones”, añadiendo que la normativa europea busca “proteger la libertad de expresión contra decisiones arbitrarias y, al mismo tiempo, proteger a nuestros ciudadanos y nuestras democracias”.
