Se veía venir en un país donde la política y los intereses están cada vez más por encima de las personas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dió a conocer una demanda contra el estado de Texas, o mejor dicho, contra el gobierno de ese estado del sur, debido a la colocación de boyas en el río Bravo con el objetivo de detener la inmigración en la frontera con México.
En un comunicado, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Kim, dijo que "la Ley de Ríos y Puertos es clara al prohibir la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el Río Bravo y otras aguas navegables de los Estados Unidos".
"Texas lo verá en la corte, señor presidente", dijo el gobernador republicano, Glenn Abbott en un comunicado.
La querella fue presentada en un tribunal federal de la ciudad texana de Austin, bajó la causal de que el Gobierno de esa entidad violó leyes que rigen las vías fluviales navegables, al levantar barreras sin solicitar los permisos correspondientes.
De igual manera, la demanda indica que dichas barreras amenazan la navegación y seguridad pública, además de que presentan preocupaciones humanitarias.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden sugirió a Abbott evitar una batalla legal si se eliminan los obstáculos del río fronterizo entre la Unión Americana y México.
Abbott afirma que con esas boyas asume el interés soberano de Texas de proteger sus fronteras, problema que, dice, ha ignorado la administración de Biden.
