Cuestiona Amnistía uso de Guardia Nacional en Los Ángeles: puede ser peligrosa

Ante el despliegue por la administración Trump de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O’Brien, ha declarado que el uso de estos elementos como respuesta a las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "es enormemente alarmante".

 Esto muestra que "la administración Trump está dispuesta a hacer lo que haga falta, incluso desplegar fuerzas militares, para castigar a quienes hablen en defensa de los derechos humanos”.

Señala que "no se trata de proteger a comunidades, se trata de aplastar la disidencia e infundir miedo. Las tropas armadas no pertenecen a nuestros barrios. Esta militarización del control de la inmigración y en respuesta a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión no debe tener cabida en un país que dice valorar la justicia y los derechos humanos”.

Destaca O’Brien que los miembros de las comunidades de Los Ángeles tomaron la calle para defender a sus amistades, vecinos y vecinas, cuando agentes del ICE enmascarados y armados irrumpieron en sus comunidades y arrestaron al presidente de la organización sindical SEIU en California sin mostrar siquiera una orden judicial”.

“Llamar a la Guardia Nacional sin que lo hubieran pedido las autoridades locales exacerba las violaciones de derechos humanos generalizadas que ya se están cometiendo con la administración Trump y que incluyen arrestos ilícitos, detenciones multitudinarias y deportaciones masivas, expulsiones a prisiones peligrosas en otros países, la represión de la libertad de expresión, separaciones familiares y la negación del debido proceso”, advierte Amnistía Estados Unidos.

Asegura que "todo el mundo conoce los peligros de usar personal militar y fuerzas del orden federales para vigilar las protestas. La dispersión de manifestantes del parque Lafayette en junio de 2020 es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de desplegar contra civiles tropas y agentes federales sin formación en la vigilancia de protestas".

El personal militar no tiene formación en control de multitudes ni en reducción de tensiones, y no debería emplearse para estos fines”, precisa el dirigente de AI, y sostiene que “las redadas del ICE en sí mismas tienen sus raíces en la discriminación, la perfilación racial y la violación sistemática de derechos. Las personas tienen derecho a protestar contra estas injusticias. Aplastar ese derecho con la fuerza militar es contrario a los derechos humanos”.

Agrega que pide urgentemente a las autoridades que reduzcan la tensión, pongan fin al despliegue de la Guardia Nacional y respeten el derecho a la protesta pacífica.

"También pedimos a la administración Trump que acabe con estas deportaciones masivas que están desgarrando las comunidades", dice O' Brien, y añade que "la solución real está en crear un sistema de inmigración que sea justo, humano y respetuoso con los derechos, que defienda la dignidad de todas las personas, que garantice la seguridad y que fortalezca a las comunidades”.