El Parlamento Europeo aprobó una ley dedicada a la defensa del pluralismo y la independencia en los medios de comunicación, en la que también se incluye el secreto de fuentes para los periodistas.
El proyecto relacionado con la prensa fue presentado por la Comisión Europea el año pasado, y otorga garantías a la independencia editorial del personal frente al poder político o económico, y fija obligaciones de transparencia sobre la propiedad de los medios.
El texto, que debe ser negociado por los países miembros de la Unión Europea antes de ser aprobado en definitiva, fue procesado por la Eurocámara con 440 votos favor, 102 en contra y 75 abstenciones.
La ley prohíbe la detención de periodistas, registros de documentos y de sus oficinas o domicilios, en especial "cuando tales acciones puedan conducir al acceso a fuentes periodísticas".
"La presión contra esta ley fue enorme y al principio muchos pensaron que era una misión imposible", aseguró Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea.
El texto establece además que el uso de software espía del tipo Pegasus contra periodistas solo puede autorizarse como último recurso, y mediante el uso de un criterio de "caso por caso".
Además, solo permite la utilización de esos programas espías cuando es ordenado por un órgano judicial independiente en el marco de una investigación de un "delito grave, como el terrorismo o la trata de personas".
Decenas de organizaciones y sindicatos de periodistas pidieron en carta abierta a los eurodiputados, que votaran a favor de una prohibición total de este tipo de "software espía".
La propuesta respaldada por el Parlamento Europeo también se refiere a la moderación del contenido periodístico por parte de las plataformas en línea.
Para evitar que las plataformas eliminen o restrinjan arbitrariamente artículos o reportajes en vídeo, la ley prevé un tratamiento separado para los medios que cumplan un determinado número de condiciones.
Esos medios deben ser transparentes acerca de sus propietarios, ser editorialmente independientes, estar sujetos a la supervisión de una autoridad nacional y respetar estándares de autorregulación.
