Ve juez posibilidad de acusar de desacato a gobierno de Trump: violan orden de deportación

La actitud del actual gobierno de Estados Unidos de pasar por encima de las resoluciones judiciales está topándose con la postura más decidida y apegada a la Constitución del juez federal James E. Boasberg.

El representante de la ley dijo que ha encontrado causa probable para declarar al gobierno del presidente convicto estadounidense Donald Trump en desacato penal al tribunal, y señala que podría buscar el enjuiciamiento de funcionarios por incumplir sus órdenes em marzo pasado de hacer volver los aviones que transportaron deportados a una prisión en El Salvador, con la continuidad del carcelero salvadoreño Nayub Bukele

La decisión de este juez federal de distrito, el cual según el republicano debe ser destituido, es la expresión más clara del choque entre 2 poderes en torno a las atribuciones presidenciales.

Boasberg señala a funcionarios del gobierno federal como los responsables de acelerar la deportación de centenares de personas en su mayoría venezolanos el mes pasado, usando para ello la Ley de Enemigos Extranjero antes de que pudieran impugnar su expulsión en el tribunal.

Peor aún, desacataron intencionadamente su orden de que los aviones que ya estaban en vuelo, regresaran a Estados Unidos.

Asimismo, el juez advirtió que podría llevar a cabo audiencias y hasta remitir el asunto para su enjuiciamiento si el gobierno no pone remedio a esta violación de la ley. Dijo además que, si los responsables del Departamento de Justicia del gobierno federal se niegan a enjuiciar el asunto, Boasberg nombrará a otro abogado para hacerlo.

Boasberg agregó que “la Constitución no tolera la desobediencia intencionada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla”.

El gobierno federal ya anunció que apelará, y el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, destacó en la red social X, que "el presidente está 100% comprometido en garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el pais."

Funcionarios del gobierno del mandatario convicto han puesto la mira en los jueces por restringir acciones del presidente, acusando a los tribunales de afectar sus poderes ejecutivos. 

Trump y sus empleados han pedido la destitución de Boasberg, lo que derivó en una inesperada declaración del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

El juez hace indicado que el gobierno podría evitar los procedimientos de incumplimiento si asume la custodia de los deportados que fueron enviados a la prisión de El Salvador en desacato de su orden, con el fin de que tengan la oportunidad de impugnar su expulsión. 

Señaló que le está dando al gobierno hasta el 23 de abril para explicar los pasos tomados para remediar la violación, o identificar a la persona o personas que tomaron la decisión de no hacer que los aviones volvieran.

En un caso por separado, el gobierno federal ha reconocido haber deportado por error a Kilmar Ábrego García a la prisión de El Salvador, pero no tiene la intención de devolverlo a Estados Unidos a pesar de un fallo de la Corte Suprema que le ordena al gobierno “facilitar” su liberación. 

La jueza federal a cargo de ese caso ha dicho que sopesa si emprenderá procedimientos de desacato, y alega que los funcionarios “parecen no haber hecho nada para ayudar a la liberación de Ábrego García de la custodia y su regreso a Estados Unidos”.