Ve Greenpeace aspectos buenos y malos en propuesta eléctrica de AMLO


La propuesta de reforma eléctrica presentada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador contiene elementos positivos y también retos, considera la ONG Greenpeace México.


Para Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México “en cuanto a los aspectos positivos, destaca el hecho de que devuelve a la Nación la potestad de los recursos naturales (en este caso se centra sobre todo en el litio), lo cual se había modificado con la reforma del 2013”.


Entender la energía como un área estratégica podría resultar positivo porque eliminaría el carácter mercantil de la electricidad y consideraría como un derecho. En ese sentido, lo público podría enfocarse a garantizar la satisfacción de necesidades energéticas de la población, que ahora mismo vive en situación de pobreza energética.


Lo problemático es cómo se garantiza ese derecho, porque el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Así, Greenpeace no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados.


Precisa la ONG que la iniciativa indica que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica lo cual cancela la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria, que puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, cancelaría la posibilidad de que privados puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal que existió mucho tiempo.


Para Greenpeace, sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía, pues no se debe olvidar que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética.


Más aún, el despacho queda sujeto a decisiones de la CFE en orden de méritos de costo de producción, con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad. Al no quedar definidos esos parámetros, existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad, pero lo que deja claro la iniciativa es que las energías renovables no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas pese tener costos mucho más bajos.


Esto abre la puerta a que tecnologías que no estaban siendo usadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria.


Menciona el dirigente de Greenpeace que quemar combustóleo es clave para el plan de refinación, uno de los pilares de la política energética.


El uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad, significará que aumentará el precio de la luz, y tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que sale del dinero público, es decir impuestos.


También preocupa que desaparezcan órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se integraría a la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía que se incorpora a la CFE, lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector.


El hecho de que la CFE pueda funcionar como juez y parte en el sistema eléctrico nacional, deja mucho margen a tomas de decisiones que no necesariamente sean las mejores.


Greenpeace México exige que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase la transición energética que reduzca emisiones de gases efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es

el que más aporta en el país, y que genere condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más del 30% de hogares mexicanos.