Luego de la negativa de un Juez de Distrito a la solicitud de orden de aprehensión a varios ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por delitos patrimoniales en contra del erario público, y después de que había sido filtrada a los medios la solicitud cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República afirma en un comunicado que es indispensable información pública, clara y precisa, sobre su posición jurídica en este caso.
Asegura que el Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella, y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
A juicio de la Fiscalía, ese criterio no es aceptable, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten en modo alguno que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, beneficios, recursos y salarios, del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.
Apunta la FGR que por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.
Por lo anterior, anuncia que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.
La FGR añade en su comunicado que intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
Cabe señalar que, por otro lado, el rector de la UNAM, investigadores y consejeros de la máxima casa de estudios, han descalificado la acusación de la Fiscalía, y califican el proceder de la dependencia federal y de las actuales autoridades de CONACYT de inaceptable hacia "distinguidos" y apreciados colegas de la Universidad, así como contra estudiantes y empleados públicos".
