Uno más: prohíbe juez de Texas deportación de venezolanos bajo ley de 1798

El gobierno del presidente convicto de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá invocar la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para expulsar de Estados Unidos por la vía rápida a un grupo de venezolanos detenidos en un centro migratorio, al menos en el estado de Texas.

Esto determinó el juez Fernando Rodríguez, por cierto, nombrado por Trump en su primer mandato.

Este fallo es resultado de una demanda colectiva presentada por algunos de los afectados, y luego de que el Tribunal Supremo bloqueara esas expulsiones bajo esa normativa de 1798, el pasado mes de abril.

El magistrado prohíbe "permanentemente" en su determinación el uso de esta ley por parte del gobierno, utilizada solo en tiempos de guerra y que invocó Trump para expulsar a venezolanos  acusados sin pruebas de pertenecer a la organización llamada Tren de Aragua.

Hasta ahora, la ley de 1798 solo se había usado para confinar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial 

En el fallo, Rodríguez destaca que el registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros a través de una proclamación "excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto".

Sin embargo, matiza que el gobierno puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos amparándose en otra ley como puede ser la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Trump había invocado esta ley el pasado 15 de marzo para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador, que se prestó a encarcelarlos a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.

La Corte y tribunales de distrito, han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley por falta de garantías procesales, y Rodríguez es el primer juez federal que considera que su uso es "ilegal".

El 19 de abril, el Supremo bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en ese centro bajo la ley centenaria, ante los recursos de emergencia interpuestos por una organización que denunciaba que el gobierno de Trump intentaba expulsar a más inmigrantes a El Salvador.