Acusa Presidencia a Tribunal Electoral de suplantar a la SCJN

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República denunció anoche que en la sesión del miércoles, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, aprobaron una resolución que invade las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, al declarar la inconstitucionalidad del Décimo Séptimo Transitorio del decreto relativo a la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en el llamado Plan B.

Explica que dicha determinación genera un conflicto entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, como lo advirtió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, quienes votaron en contra del proyecto al considerar que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el TEPJF.

Para Presidencia, esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto.

Presidencia da cuenta de las posturas de la magistrada Soto Fregoso señaló que el juicio electoral interpuesto por el INE, resulta improcedente en virtud de que el artículo transitorio impugnado no genera ninguna afectación en la esfera jurídica del instituto, la del magistrado Indalfer Infante quien explicó que la petición del INE excede el ámbito de atribuciones del TEPJF, y del magistrado José Luis Vargas, quien expresó que, al existir un amparo en trámite, la competencia

del asunto ya no es materia electoral y debe ser conocido por el juzgado de distrito.

Para la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, los magistrados Reyes Rodríguez, Mata Pizaña y Otálora Malassis forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen los criterios de la SCJN, como ocurrió con la sentencia relativa al modo honesto de vivir, la cual tuvo que ser anulada por el alto tribunal mediante una contradicción de criterios.

Más aún, recuerda que estos magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, quienes ampliaron indebidamente los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual se comprometió la

parcialidad de dichos juzgadores.

Por lo anterior, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF y que son parte de una guerra jurídica en contra de la transformación de un marco normativo que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México.