Transición en Guatemala, bajo la vigilancia de la OEA

Los miembros de la Organización de Estados Americanos dieron a su secretario general, Luis Almagro, el mandato especial para vigilar el proceso de transición en Guatemala, donde Alejandro Giammattei, debe ceder el poder al presidente electo, Bernardo Arévalo.

La iniciativa fue introducida por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y la República Dominicana, y fue aprobada por aclamación, de la mayoría de embajadores de los 34 países miembros activos del organismo la OEA.

La resolución aprobada pide al uruguayo Almagro viajarán a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición.

También se le pide reunirse con representantes del Ministerio Público, acusado de emprender una persecución penal contra el Movimiento Semilla, agrupación que postuló a Arévalo de León y quién ganó la segunda vuelta electoral.

La resolución de la OEA solicita a Almagro expresar al Ministerio Público "la importancia de la separación de poderes, esencial para el ejercicio de la democracia", y que destaque que "el uso del ordenamiento jurídico como herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable".

El pasado lunes, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió provisionalmente al partido de Arévalo de León, dictamen sin precedentes que ha creado incertidumbre y hecho que expresen sus preocupaciones países como Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia.

Otro foco de tensión lo provocó el Congreso de Guatemala que acordó no reconocer a los legisladores del Movimiento Semilla por orden del juez penal Fredy Orellana, acusado de corrupción en Estados Unidos.

Arévalo, cuya promesa de campaña fue erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto, superando por 21 puntos a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza

Torres Casanova no ha aceptado su derrota y dejó entrever que denunciaría un fraude electoral, algo que rechaza de la Misión de Observación Electoral de la OEA que estuvo presente durante el proceso.

"Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto", denunció Arévalo en rueda de prensa.

"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", dijo Arévalo, días después de que la Justicia guatemalteca inhabilitara a su partido.

El mandatario electo señaló a la fiscal general, Consuelo Porras; al fiscal especial contra la impunidad; Rafael Curruchiche, al juez séptimo de lo penal; Fredy Orellana, y a la Junta Directiva del Congreso, de estar detrás de una serie de acciones que, dijo, constituyen un golpe de Estado.