El exmandatario peruano Pedro Castillo lleva más de un mes preso y cumpliendo una condena preventiva de 18 meses, luego de su destitución y arresto por intentar disolver el Congreso, y en un nuevo episodio de su actual situación, la Justicia de Perú admitió a trámite una solicitud de habeas corpus presentada por la defensa del expresidente.
Con este pedido, la representación legal de Castillo busca anular la prisión preventiva de 18 meses que cumple en el penal de Barbadillo, al este de Lima.
El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, adscrito al Quinto Juzgado Constitucional de Lima, habría aceptado ya considerar el recurso que pretende anular la resolución del Congreso, con la que se le levantó la prerrogativa de antejuicio político, sin que se hubiera realizado el procedimiento de acusación constitucional.
La medida adoptada por el Poder Legislativo, más por revancha que por procedimiento legal, hizo posible que el jefe de Estado peruano, electo por voto popular, fuera destituido por el desacreditado Parlamento sin haber sido juzgado ni haberse defendido ante la acusación de presunta "incapacidad moral" que le imputaron.
Los abogados del maestro rural dicen que los legisladores "no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político, por encontrarse en flagrancia delictiva", y recuerdan que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Asimismo, el habeas corpus presentado el pasado miércoles busca dejar sin efecto la resolución del juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que le impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente, así como el fallo de la Sala Penal Permanente que ratificó la decisión en primera instancia.
Mientras tanto, se suman las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte por la represión desatada para contener las manifestaciones de protesta por la actual situación en el país, y se espera una mega concentración en Lima, tras varias movilizaciones en la región sur del país donde se exige la dimisión de la presidenta, la disolución del Congreso, la liberación de Castillo y elecciones generales anticipadas.
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