Titular de la Defensoría Pública lanza advertencia sobre Reforma Judicial: no cuestiona la que hay ahora

Para la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, las reformas constitucionales en materia de justicia preocupan porque atentan contra la división de poderes, el respeto a las libertades, a la garantía a los derechos sociales y generarán nuevos retrasos procesales en perjuicio de las personas privadas de su libertad.

Lo que no dijo fue que el Poder Judicial como estaba hasta hace unos meses, ya traía un fuerte rezago en sus resoluciones y no ha sido capaz de ofrecer a los mexicanos una justicia pronta, expedita y transparente.

Al presentar el Informe Anual 2023-2024, la titular del organismo, magistrada Taissia Cruz Parcero. señaló que la sustitución de personas juzgadoras que se avecina con motivo de la reforma judicial enciende las alertas en la judicatura, la academia, el gremio de abogadas y abogados, las y los activistas y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.

De la tradicional opacidad que ha envuelto a este Poder y los intereses que en no pocas ocasiones ha protegido, la magistrada no dijo una sola palabra.

Expuso que el traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas con facultades de investigación de los delitos; el aumento del catálogo de aquéllos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en expreso desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la introducción de la figura de los jueces sin rostro; la previsión de mecanismos disciplinarios que serán una amenaza constante para la independencia judicial; y la mal llamada reforma de supremacía constitucional; no son compatibles con la democracia sustantiva.

A su juicio, para el Instituto que encabeza, la reforma constituye un gran reto, pues en muchas ocasiones habrá que volver a empezar para explicar a los nuevos juzgadores cuáles son las reglas del debido proceso, qué consecuencias tienen las violaciones a derechos humanos y que significan las perspectivas diferenciadas, entre otros temas.

En el Informe indica que en el último año, el IFDP prestó 32 mil 418 nuevas representaciones en materia de defensa penal; 2 mil 639 a personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se obtuvieron 9 mil 598 resoluciones favorables en el sistema penal acusatorio y mil 474 libertades, mientras que en el sistema penal tradicional se lograron 210 resoluciones a favor y 475 libertades.

Durante el periodo que se reporta, se brindaron 46 mil 769 servicios de asesoría jurídica; 9 mil 363 orientaciones de primer contacto y 10 mil 231 a través de DEFENSATEL en sus modalidades telefónica y digital.

Del universo de personas atendidas, 48% son mujeres y 52% hombres. Además, se otorgaron 396 servicios a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas.