Suspenden a fiscal general de Perú tras acusar a presidenta Boluarte de homicidio

La clase política del Perú sigue retozando en el lodo desde hace algunos años, esto se ha recrudecido en 2023, y ahora toca turno a la fiscal general Patricia Benavides, luego de que la Junta Nacional de Justicia de Perú la suspendiera de sus funciones por espacio de medio año.

Benavides es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos, y la sanción fue aplicada por dicha Junta encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales, que dijo en un comunicado que la suspensión de Benavides busca que un procedimiento disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal e "impedir su obstaculización"

Una de las más interesadas en quitar del camino a Benavides es la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien está en contra de que la fiscal general siga en el cargo, con el antecedente de que Benavides presentó ante el Congreso el pasado 27 de noviembre, una denuncia contra Boluarte por el presunto delito de homicidio en la represión de las protestas hacia su gobierno luego de ocupar el lugar del presidente Pedro Castillo, que dejaron saldo de más de 50 muertos.

La denuncia contra la cuestionada mandataria se activó luego que Benavides fuera acusada de encabezar una presunta red criminal en la fiscalía, desde donde presuntamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.

La Fiscal dijo que no renunciará a su cargo, en tanto que el otro poder señalado por su corrupción, que es el Congreso está dividido, ya que hay quienes estiman que lo que se busca es detener las investigaciones contra Boluarte. La acusación contra la presidenta, mal calificada por los peruanos, v según sondeos. puede derivar en su destitución y podría tardar semanas en ser admitida.

Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Castillo por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, las protestas contra esta medida dejaron un saldo de 54 personas muertas, y de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 20 víctimas perdieron la vida por impactos de bala disparados por las fuerzas militares, cuyo comandante en jefe según la Constitución, es Boluarte.