El Poder Judicial de la Federación admitió un segundo amparo en contra del despliegue de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, que se suma al primer recurso presentado por México Unido Contra la Delincuencia y admitido el 1 de febrero.
La decisión del Juzgado federal aumenta la posibilidad de contrarrestar las políticas orientadas a aumentar la presencia de militares en los espacios y políticas de carácter público, señala esta ONG.
Precisa que sus amparos exigen al gobierno capitalino retirar a los elementos de la Guardia Nacional de las instalaciones, y destinar sus recursos al mantenimiento y mejora de la movilidad.
Explica que en esta ocasión, el Poder Judicial Federal tiene la obligación de incidir como contrapeso frente a una medida que no reduce accidentes ni mejora la calidad del servicio, por el contrario: vulnera los derechos a la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, movilidad urbana y buen gobierno de las y los usuarios.
México Unido contra la delincuencia señala que en ambos amparos, la autoridad judicial solo admitió las demandas y omitió declarar medidas cautelares, como la suspensión temporal del despliegue de la Guardia en el Metro en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.
Por ello, insta a las autoridades judiciales a mostrar su autonomía e independencia, así como proteger el orden constitucional y los derechos humanos, para que la Guardia Nacional militarizada se retire de un sistema de transporte capitalino que requiere mantenimiento y no militarización
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