El Secretario General de la ONU pidió al gobierno israelí que retire su decisión de exigir a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que cese sus operaciones en Jerusalén y desocupe todos los edificios que opera en la ciudad antes del 30 de enero.
António Guterres planteó la petición en una carta fechada el 27 de enero al embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en la que subraya que, de acuerdo con el derecho internacional, Israel tiene la obligación de facilitar el trabajo de la Agencia, y aclara que las instalaciones que se ha ordenado que la Agencia abandone en Jerusalén Oriental son propiedad de la ONU protegida por las leyes internacionales.
En la misiva, Guterres lamenta la decisión y solicita al gobierno que se retracte de ella, “considerando el marco jurídico aplicable a las actividades de la UNRWA y su carácter irreemplazable”.
Asimismo, destaca que cualquier acción que impida a la UNRWA continuar sus actividades socavaría gravemente la prestación de una respuesta humanitaria adecuada en el territorio palestino ocupado.
El Secretario General explica que la Asamblea General, en su décima resolución del periodo extraordinario de sesiones de emergencia del 11 de diciembre de 2024, afirmó que ninguna organización puede reemplazar ni sustituir la capacidad y el mandato de la UNRWA para proporcionar los servicios y la asistencia que precisan los refugiados palestinos.
El titular de la ONU sostiene que dicha aseveración sigue vigente después del acuerdo para asegurar un alto el fuego y liberar a los rehenes en Gaza. En este sentido, subraya que las Naciones Unidas, incluida la UNRWA, están apoyando la aplicación del acuerdo aumentando la entrega de asistencia humanitaria a innumerables palestinos que siguen sufriendo.
“Es imperativo que un alto el fuego brinde todas las oportunidades para distribuir ayuda en toda Gaza y respaldar el incremento masivo de la ayuda humanitaria vital y la reconstrucción final”, apunta.
El Secretario General advierte que la aplicación de la legislación aprobada por el Parlamento israelí (Knesset) el 28 de octubre frustraría el logro de estos objetivos.
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