Rey emerito español es rescatado por el Supremo de España tras denuncia por fraude fiscal

El Tribunal Supremo de España rechazó una demanda presentada por un grupo de juristas, en ejercicio de la acción popular, contra el rey emérito Juan Carlos I por lo presuntos delitos contra la Hacienda Pública, los cuales la ya mando al archivo la Fiscalía Anticorrupción.

El Supremo acordó en su Sala Segunda el archivo de las actuaciones, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, porque consideró que los hechos no constituyen un ilícito, están prescritos, o se regularizó la situación de tributaria del demandado.

La acusación señalaba que el emérito habría cometido 5 delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum.

Los acusadores sostenían que las regularizaciones tributarias no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito por ser hechos agravados por el uso de estructuras opacas en el extranjero.

Ante estos señalamientos, el Tribunal Supremo asumió el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de no admitir la querella, y apunta que los hechos investigados ya fueron objeto de archivo por la Fiscalía Anticorrupción, y que la querella presentada no aporta nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir la investigación.

En su resolución, el Supremo considera que "la selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo de la Fiscalía "no puede ser ahora la causa determinante de la apertura de un proceso penal contra el aforado" es decir, por el rey emérito.

"En términos jurídicos, nada ha cambiado 3 años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”.

Para los magistrados, un decreto de archivo "no puede ser reformateado para hacerle decir lo que no dice, para transmutar las razones del cierre de una exhaustiva investigación en motivos para la apertura de una causa penal”.

Así, el tribunal concluye que admitir la querella "supondría convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos, y hacerlo para la persecución de unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito”.

Añade que los argumentos por los que la Fiscalía justificó la decisión de archivar las diligencias abiertas hace 2 años, son "razonables, coherentes con el resultado de las investigaciones y cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial sobre unos hechos que, ya desde ahora se advierte, en sintonía con el criterio del Fiscal, que no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados”.

Mientras tanto, Juan Carlos I sigue disfrutando de su riqueza en el exilio, y viaja a España cuando quiere y si quiere.