La pérdida de libertades y el régimen de excepción que aplica desde hace más de 2 años el gobierno de El Salvador para combatir a las pandillas, tiene víctimas colaterales y se trata de niños.
De acuerdo con la organización de derechos humanos Cristosal, por lo menos 176 niñas y niños del país centroamericano quedaron en orfandad por la muerte de alguno de sus padres presos bajo el régimen de falta de garantías individuales del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022
Cristosal acusa además sobre la aplicación del "encarcelamiento sin condenas, muerte de bebés y personas adultas inocentes; así como la profundización de la desigualdad social y de género" en una investigación que da a conocer y en donde señala que El Salvador "cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción donde los jueces han perdido su independencia”.
Apunta que el costo humano de esta política es alto: “261 personas adultas y 4 niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024".
Ya desde el pasado mes de abril, varias ONG de derechos humanos incluida Cristosal, habían denunciado la muerte de 244 personas bajo custodia estatal entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024.
Zaira Navas, jefa de su unidad de Estado de Derecho de Cristosal, sostiene que “esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud".
Asimismo, advirtió que las muertes en prisión "podrían ser más", pero "la falta de acceso a información oficial" impide conocer el número real.
El informe indica que "aún no se puede cuantificar con precisión" el número de niñas y niños que "se ven expuestos" al abandono como "consecuencia" del arresto o el encarcelamiento de sus familiares, aunque Cristosal estima que por lo menos 62 mil 022 personas menores de 15 años "pueden haber sufrido alguna modalidad de abandono" por este motivo.
La política de régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele, como respuesta al incremento de la violencia entre el 25 y 27 de marzo de 2022 cuando fueron asesinadas hasta 87 personas, y el legislativo, plegado al ejecutivo, ha estado prorrogando mes con mes el estado de excepción bajo el cual han sido arrestados más de 81 mil presuntos pandilleros, de los que miles han sido liberados porque fueron detenidos de manera arbitraria.
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