Relaciones Exteriores rechaza las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada

En un comunicado, la cancillería de México asegura que la desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción.

En este sentido La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que si bien, somos uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos, las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) carecen de sustento y no son admisibles.

Precisa la Cancillería que, junto con otras dependencias del Gobierno Federal, ha sostenido un diálogo permanente con el CED, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado en abril pasado. 

Al respecto, sostiene que dicho mecanismo debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención.

Apunta que el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada. Por lo que corresponde al Gobierno, se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Dice el comunicado que en México, se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas. 

Estos esfuerzos reflejan el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación integral.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera, asimismo, que la cooperación es el principio fundamental que debe regir la relación entre los órganos de tratados y los Estados.

Por ello, ha mantenido un diálogo permanente con el Comité, se le presentó en su oportunidad un informe detallado y considera que este, debe ser analizado con objetividad antes de emitir nuevos juicios sobre el particular.