Registra Misión de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad en elecciones en Venezuela

Un informe realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al régimen de Nicolás Maduro de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

Dicho informe consta de 158 páginas y fue elaborado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, en el que se señala que “fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en violaciones de derechos humanos”, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes.

La pesquisa de dicha Misión Independiente apunta a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional como los responsables de estos hechos, y asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia".

El reporte señala a otros organismos como el Consejo Nacional Electoral, que asegura,  "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", así como la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", e incluso se menciona al sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia"

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que aunque anteriores informes de la misión creada en 2019 “ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos”, el nuevo trabajo que amplía otro informe presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral.

Los abusos no solo afectados a líderes sociales y políticos de oposición, sino que se extendieron hacia "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.

En los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas por presuntas conspiraciones, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Agrega el reporte de la Misión Internacional Independiente que la represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente", con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, "sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”.