Reforma a Ley del Infonavit, para eliminar corrupción y construir vivienda social

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y generar un esquema en la que participen los desarrolladores privados, con el objeto de garantizar construcción de vivienda social.

“Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos”, puntualizó.

Explicó que la reforma plantea que el Infonavit no sólo sea un fondo de ahorro que distribuya los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que pueda construir vivienda de interés social y cumpla con su objetivo central: otorgar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó a su vez que la reforma plantea equiparar la gobernabilidad de esta dependencia con la del Instituto Mexicano del Seguro Social, manteniendo el sello tripartito, que se compone del sector gobierno; sector trabajadores y sector empresarial.

La reforma contempla:

● Sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes: 1) Crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos; 2) Desarrollo de vivienda, que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir;

3) Arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30% de su salario.

● Creación de la constructora del Infonavit, que realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que

históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente.

Aseveró que la empresa constructora del Infonavit es indispensable ya que en los últimos 10 años se redujo notablemente la construcción de vivienda, particularmente la de interés social con valor promedio de 550 mil pesos.

Explicó que, con la creación de la constructora del Infonavit, se podrá reducir el tiempo y los costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de materiales de construcción; se le dará prioridad a la mano de obra en los estados, lo que coadyuvará al crecimiento regional y por ende a la economía de todo el país; y las viviendas estarán ubicadas en los centros de desarrollo urbanos, es decir, contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, salud, educación.

● Al igual que sucede en el IMSS, se respeta el tripartismo paritario del Infonavit (ejecutivo federal, trabajadores y empresarios); se eliminan Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios, que hoy no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas por encima del sueldo de la Presidenta; y se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, ya que los asistentes actualmente cobran entre 60 y 90 mil pesos por sesión.

Romero Oropeza expuso que la reforma a la Ley del Infonavit tiene modificaciones al marco normativo de la dependencia para evitar corrupción como el caso de Telra Realty, empresa que en 2014 fue contratada por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían; sin embargo, la compañía no entregó el servicio contratado en el tiempo establecido y contrario a ello, el Consejo de Administración no sólo no los penalizó sino que autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos.

En este caso, la Auditoría Superior de la Federación descubrió a través de información otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubo triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y a cuenta bancaria de un funcionario de esta dependencia que fungía como asesor del director general en 2018.

No obstante, el sector empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit interponer un amparo contra el informe de resultados de la ASF con el voto en contra del sector gobierno y la Dirección General. A la fecha, no se han atendido las recomendaciones de la ASF con el argumento de que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre “los recursos privados”.

Asimismo, destacó que como parte del programa Línea III consistente en financiar a constructores de vivienda para derechohabientes, se autorizaron 22 proyectos entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit de 575 millones de pesos.

Adicionalmente existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millonesbde pesos, esto como deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

También señaló que se detectó una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.

Entre los casos de corrupción identificados, en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago entre 2013 y 2014 de más de 3 mil 600 mdp a 4 despachos para recuperar viviendas por la vía judicial, con lo cual se realizaron juicios fraudulentos en los que participaron funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit en contra de 60 mil derechohabientes.

De este caso el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de personas fueron despojadas de sus inmuebles sin juicio justo.

Además se encontró que funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un aeguro de vida colectivo a la empresa Mapfre Tepeyac S.A. entre 2013 y 2014 por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, pese a que el Instituto cubre este tipo de seguros.